Proceso de inclusión en Costa Rica

Por Lic. Anel González **

En comparación con otros países de América Latina, Costa Rica ha avanzado significativamente en concientizar a la sociedad costarricense sobre la importancia de la integración y oportunidades que también merecen sus ciudadanos costarricenses con discapacidades; tal progreso es notorio a través de la creación de la Ley  No 7600 de derechos civiles que garantiza la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades.

Entre los países Latino Americanos, que recientemente empiezan a reconocer cuán segregados y limitados de oportunidades han estado sus ciudadanos con discapacidades, Costa Rica como país en desarrollo, ha tomado una iniciativa muy progresiva al reconocer la importancia de desarrollar un plan de inclusión para sus ciudadanos con discapacidades, pero la implementación de tal iniciativa no es tarea fácil ya que se requiere la creación de recursos para tales fines.

Entre los países que he visitado en Latino América, Costa Rica también carece de recursos o no dispone de suficiente presupuesto financiero designado para la implementación de programas, tales como rehabilitación vocacional, educación especial, reestructuración de políticas y procedimientos administrativos y fondos para la creación de cambios de infraestructura que se requiere para progresar en este proceso de reintegración e inclusión social.

La designación de recursos es algo que se debería tomar más en consideración, cuando se desarrolla el presupuesto nacional. Estoy seguro que la comunidad con discapacidades en Costa Rica, Panamá, Méjico, Ecuador y otros países de Latino América, apoyarían mi opinión, respecto a que no tiene objeto  desarrollar leyes o iniciativas de inclusión y protección a los derechos civiles y humanos de los ciudadanos con discapacidades, si estas leyes no se implementan y se hacen cumplir con firmeza, penalizando a los sectores que violan tales regulaciones; también exigiendo que se hagan los cambios que demanda tales regulaciones, una porción de los recursos y fondos que requiere tal implementación, podrían obtenerse de multas recolectadas por  infracción de los requerimientos estipulados.

Quiero compartir con ustedes las impresiones que he adquirido durante mi visita en Costa Rica a finales del mes de  mayo de 2008; tales impresiones las baso en mis entrevistas con líderes del movimiento de discapacidad y ciudadanos con discapacidad en Costa Rica:

La Ley nacional No 7600 de derechos civiles que garantiza la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades ha perdido fuerza por la falta de cumplimiento y poca penalidad hacia los sectores que violan estas regulaciones; la comunidad con discapacidad debe reorganizarse y retomar el liderazgo en abogar por la creación de nuevas enmiendas a la ley, para que esta retome su firmeza jurídica.

Las organizaciones designadas por el gobierno nacional para educar y concientizar al público general sobre el tema de discapacidad, carecen de recursos para completar sus objetivos. Esto ha afectado considerablemente el progreso de educar al ciudadano común, sobre sus derechos civiles en relación con el tema de discapacidad.

Ciertos cambios en la infraestructura y la creación de un ambiente accesible para los ciudadanos con discapacidades empieza, ha implementarse en el país…pero muchos de estos diseños de accesibilidad, como esta pasa en otros países de Latino América, están mal diseñados, pues no le provee completa independencia a las personas con discapacidades para desempeñarse por si mismas, por ejemplo las rampas se construyen con una inclinación excesiva que no permite que el individuo con discapacidades pueda usarlas por sí mismo; al contrario, requiere de alguien que le asista.

También las rampas en las aceras algunas diseñadas con menos de 36 pulgadas de ancho o estacionamientos exclusivos mal ubicados y que carecen de suficiente espacios adyacentes a donde se estaciona el vehículo, no permitiendo a la persona con discapacidades, si conduce por sí mismo, el que pueda desplegar su silla de ruedas y desplazarse independientemente.

El transporte público de Costa Rica ha dado un paso muy progresivo en equipar sus nuevos autobuses con rampas o plataformas mecánicas para transportar al usuario con discapacidad, pero sus paradas o terminales de autobuses no están completamente accesibles. Esto hace poco útil este servicio a los ciudadanos con discapacidades. Nuevamente enfatizo: es importante tomar en consideración la accesibilidad de la infraestructura, antes de implementar programas como estos de transportación accesible, la accesibilidad no sólo debe aplicar al autobús, también se deben considerar factores, como el entrenar esporádicamente al conductor del autobús, sobre el uso del nuevo mecanismo, asegurar que el equipo funcione antes de iniciar la ruta de recorrido, el personal debe ser entrenado en cómo asistir a los pasajeros con discapacidades.

Otras de mis observaciones fue enfocada hacia el sector privado; mucho más podría este sector contribuir en la integración de los ciudadanos con discapacidades, si tomara en consideración el beneficio lucrativo y la gran contribución que podría aportar el consumidor y trabajador calificado y profesional con discapacidades. Simplemente al crear accesibilidad en sus empresas y reestructurar sus políticas y procedimientos empresariales.

La comunidad costarricense con discapacidades, debe sentirse orgullosa de sí misma, al disponer de  un amparo legislativo de protección civil, como lo es la Ley 7600, pero como mencioné al principio es responsabilidad de la comunidad con discapacidades, vigilar que regulaciones como estas no pierdan su seriedad y firmeza jurídica.

Costa Rica siendo un país que cuenta con una gran experiencia en defensa de los derechos humanos y ha llevado una trayectoria de democracia muy ejemplar, el tema de la implementación efectiva de los derechos civiles de las personas con discapacidades, es un desafío y una meta no imposible, siempre y cuando se trabaje con unanimidad, considerando el mutuo beneficio que tal iniciativa representa para todos.

** Lic. Anel González, Asesor bilingüe sobre la ley ADA para Causes for Change International, Chicago, Illinois, USA.

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